CIDH otorga medidas cautelares a jesuitas de Cerocahui

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de once integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, por considerar que se encuentran en una situación de daño irreparable, gravedad y urgencia, tras el asesinato de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar.

El órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) detalló que los beneficiarios denunciaron en su solicitud amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado.

La CIDH concluyó que el gobierno no está implementando un esquema de seguridad efectivo, por lo que solicitó al Estado mexicano adoptar medidas que protegen a los miembros de la comunidad y les permitan continuar realizando sus actividades. Asimismo, pidió que informe sobre las acciones que se lleven a cabo para investigar los hechos.

El 20 de junio del 2022, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, sacerdotes jesuitas de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua, así como el guía de turistas, Pedro Palma, fueron asesinados dentro de la iglesia de la zona. Además, fueron privados de su libertad y asesinados ese mismo día el guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza.

Desde entonces, la Compañía de Jesús ha señalado que la Sierra Tarahumara enfrenta condiciones de violencia por parte de grupos armados, aunado a una pobreza extrema y marginación histórica.

Igualmente, diversas autoridades religiosas han exigido al gobierno acciones prontas para hacer frente a la violencia e inseguridad que viven las comunidades de México, así como que se revise la estrategia de seguridad.

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El pasado 20 de enero, la orden jesuita denunció la falta de justicia y la nula atención a la situación que aqueja a la Sierra Tarahumara, a siete meses de los homicidios.

“La impunidad continúa, sin que se haya detenido al perpetrador y sin que la situación de la región se haya modificado sustancialmente”, escribieron en un comunicado.

Las investigaciones señalan que el principal responsable del asesinato de los jesuitas es José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, jefe de plaza del grupo delictivo “Los Salazar” en la región, quien no se ha sido detenido, a pesar de que se ofrece una recompensa por su captura.

“Los Salazar” es un grupo armado afín a Cártel de Sinaloa con presencia en los estados de Sonora y Chihuahua.